Aparte de los derechos más consolidados como el derecho a la salud, a la educación o a las prestaciones por jubilación, hay unos derechos sociales que la Fundación FOESSA llama de “baja intensidad”. Son el derecho al trabajo, a la vivienda, a la garantía de unos ingresos mínimos, a ser atendido por servicios sociales, el apoyo en la crianza y a la atención a las personas con dependencia o con limitaciones en la autonomía funcional.
Se llaman así porque están menos consolidados que el resto y porque no existe una consciencia clara por parte de la ciudadanía a la hora de exigirlos. ¿Cuáles son las necesidades, las perspectivas, las expectativas y las valoraciones de la ciudadanía en el acceso a estos derechos de baja intensidad?
En Euskadi, el gasto por habitante en pensiones contributivas de la Seguridad Social y en Rentas Mínimas es superior al del conjunto del estado.
El 42,9% de la población vasca considera que su nivel de vida ha empeorado respecto al que tenía hace diez años.
El 72,6% de las personas considera que las administraciones públicas deberían garantizar el acceso a un empleo a todas las personas (perspectiva universal de las políticas públicas de empleo).
El 43% de la población vasca considera que la Administración debe garantizar el acceso a una vivienda a toda la población. El 56,4% considera que lo debe de hacer solo con la población que lo necesita (mirada menos universalista de la política de vivienda).
Un 75,3% de la sociedad vasca considera que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público que en la actualidad
El 88% de la población vasca está de acuerdo con la idea de que las personas que reciben ayudas sociales las necesitan para vivir.
